En su última sesión plenaria del 25 de junio del 2020, la Asamblea de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario  Nacional (CIN) aprobó la elaboración de un documento contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el país, así como el rol que, frente a estas prácticas, las instituciones universitarias públicas deben asumir.

Declaración completa:

La Asamblea de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario  Nacional (CIN) aprobó, en su última sesión plenaria del 25 de junio del 2020, la elaboración de un documento contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el país, así como el rol que, frente a estas prácticas, las instituciones universitarias públicas deben asumir, en orden a desnaturalizar y poner en tensión prácticas discriminatorias en el sistema universitario. En su sesión del 15 de julio, el Comité Ejecutivo del CIN resolvió adherir a lo aquí propuesto.

Cabe recordar que, en un pronunciamiento anterior (Declaración del 04/06/2020), se había alertado sobre la necesidad de revisar la violencia de la respuesta institucional de algunos Estados provinciales que, bajo el argumento de la represión de conductas antijurídicas, ocultan la represión de la diferencia y la otredad, y las manifestaciones contrahegemónicas que subyacen.

La red entiende que las conductas represivas de las fuerzas de seguridad representan la última ratio de un racismo que tiene carácter estructural en la sociedad ya que impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas. Provoca reacción por la visibilidad y violencia con la que se manifiesta, pero pasa desapercibido en otras formas de violencia institucional, de carácter más simbólico y con frecuencia menos evidentes, como las que se ejercen en los sistemas e instituciones de salud, educación y justicia.

La desigualdad social y cultural existente alcanza su máxima expresión en las dificultades para el acceso a los derechos más elementales que experimentan las comunidades aborígenes que habitan el país. Desde la imposibilidad de mantener su lengua materna, así como la falta de prevalencia de sus subsistemas comunitarios hasta la estigmatización de una cosmovisión que dé sentido a su entorno cotidiano, tan imbricado desde lo social y lo natural.

La experiencia de conquista y colonización de los pueblos americanos se realizó bajo un patrón de dominación basado en la idea de raza, a partir de la subvaloración de la diferencia que sitúa a los pueblos conquistados en una posición “natural” de inferioridad y, en consecuencia, también involucra todo lo referido con sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales.

Las secuelas de aquella conquista perduran hasta nuestros días. La mayoría de los estados americanos en su configuración decimonónica han reproducido este colonialismo hacia el interior de sus pueblos; de allí que la condición de subalteridad colonial de las comunidades indígenas se mantenga todavía en el universo simbólico con tanta fuerza aún después de la declaración de la independencia.

La red llama a la atención sobre la existencia de desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales y algunas formas dominantes de sentido común, que continúan reproduciendo inequidades que, frecuentemente, resultan imperceptibles para otros sectores sociales.

Diversas formas de discriminación racial y la xenofobia afectan, también, a personas y comunidades de pueblos gitanos, judíos y musulmanes, así como a inmigrantes de algunas nacionalidades en particular, con especificidades que varían entre países. La discriminación, además, suele dirigirse a personas y colectivos que deben vivir en situaciones socio-económicas muy desventajosas, y que son representados por los medios de comunicación hegemónicos como “pobres” que eligen y son responsables de sus destinos, pero arrastran una historia de vida que esconde políticas excluyentes.

Instamos a todas las instituciones, en particular a aquellas que integran el sistema educativo en todos sus niveles, a erradicar la discriminación, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se reproducen a través de prácticas y discursos. Llamamos a valorar las diferencias, a incrementar el respeto hacia las personas que las exteriorizan o representan y a desalentar la exclusión, la descalificación y el desprecio.

Propiciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje como una práctica social compleja que promueve el desarrollo de la persona y sus derechos, a partir del reconocimiento de las diferencias y pautas culturales expresadas por los sujetos intervinientes. En ese marco, se debe valorar la diversidad positivamente y la pluralidad de significados y sentidos que los sujetos aportan a tal proceso para enriquecerlos desde diferentes formas de leer y escribir la experiencia y el mundo.

La educación superior desempeña funciones sin precedentes en la sociedad. Es un componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político y un elemento clave para el fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia. Entre sus objetivos se encuentra promover el respeto de los derechos humanos y su vigencia como eje de la convivencia democrática.

Solicitamos, por último, la implementación de acciones tendientes a materializar las recomendaciones aprobadas en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018):

Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado.

Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales.

Es con base en todo lo hasta aquí señalado que la RIDDHH del CIN encarna este eje de acción como meta de realización urgente y sostiene que resulta ineludible reconocer y valorar las epistemologías, los modos de aprendizaje y los diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas. El derecho a la educación superior se asienta en estos ejes y se enhebra, así, como horizonte de construcción colectiva en pos del reconocimiento, de la realización y del ejercicio de la pluralidad, diversidad, igualdad y libertad, bases estructurales para el desarrollo de una sociedad democrática integral.

Fuente: CIN